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La Universidad San Pablo CEU quiere que el Ayuntamiento de Madrid coloque placas en las cárceles para reivindicar la memoria de los delincuentes que fueron detenidos por alzarse contra la democracia y las libertades. Lamenta el rector de ese antro que el bando franquista esté “tan olvidado”. Quizá tenga razón y haya que empezar a recordar lo que hizo para que los nombres de aquellos criminales pasen a formar parte de la historia del terror y la infamia; de la historia de esa España negra que se resiste a desaparecer.

Ya tienen sus balanzas fiscales. ¿Contentos? Evidentemente no. Ahora lo que quieren es emplearlas para alimentar ese victimismo tan impropio de la izquierda como previsible en el nacionalismo. A ver si se enteran: esto es como si sale un estudio que dice que los distritos de Salamanca o Chamartín financian los servicios de Vallecas o Carabanchel. Coño, pues claro. ¡Faltaría más! Es que son los ciudadanos los que tributan, no los barrios, y resulta que los ciudadanos de Serrano o Velázquez tienen más dinero que los de la Albufera o General Ricardos. Y a eso no se le llama solidaridad, sino justicia social y redistribución fiscal.

¿Y ahora salen unos idiotas que se dicen de izquierdas a proclamar que la solidaridad debe ser voluntaria y, a ser posible, inexistente? Hay que joderse.

[…] Porque lo cierto es que en España, más allá de las contiendas electorales, la batalla de las ideas tiene un claro vencedor, que no es precisamente la izquierda. Y es que ¿quién habría imaginado hace apenas 10 años escuchar al líder del PSOE afirmar que «bajar los impuestos es de izquierdas», verle presumir de superávit presupuestario o verle reaccionar ante una crisis económica suprimiendo el impuesto sobre el patrimonio y anunciando reformas económicas liberalizadoras? ¿Quién habría apostado entonces a que veríamos hoy a un ministro de Industria de un Gobierno de izquierdas presumir de ser «más liberal que los del PP»? ¿Quién habría sido capaz de adivinar que el actual ministro de Trabajo sacaría pecho de algo tan genuinamente liberal como hacer cumplir la ley de forma escrupulosa en materia de inmigración frente a la política antiliberal del «papeles para todos»? […]

Jaime García-Legaz, secretario general de la Fundación FAES.

Visto en Moscas en la sopa

Ya sabemos qué hacía Tomás Gómez mientras los madrileños nos manifestábamos contra las políticas antisociales de Esperanza Aguirre: primero, ateniéndonos a lo publicado por la prensa, caviló durante largo tiempo para ver de qué impuestos directos podía librar a quienes tienen razones para votar y votan al Partido Popular. Sus ideas (la propia palabra idea se honra de ser asociada a Tomás) aparecieron en todos los medios e incluso lograron el aplauso sincero de presidenta y vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Pero, según cuentan, Tomás no quedó del todo satisfecho con su acercamiento a la típica familia trabajadora de nuestra región (el señor y la señora, con una hija y dos hijos, una perra -no confundir con la sirvienta peruana-, un Cayenne para ir a cenar los sábados, un Smart para el ajetreado día de la niña -estudia en la San Pablo CEU y luego va a la escuela de idiomas: qué sudor- y un conserje -siempre atento- que recibe la correspondencia en el portal de su finca de la calle Claudio Coello, pongamos).

Nuestro héroe socialista quería mancharse las manos, pisar con sus pies descalzos el barrizal que habitan los más necesitados, transformar la realidad desde la trinchera. De modo que se puso a redactar documentos y más documentos para la agitación social y la organización de las masas proletarias. ¿Y qué le salió? Una ponencia en defensa de la enseñanza concertada. Que me aspen si no estamos ante un verdadero revolucionario.

Visto en el blog de Rosa J.C.

He leído el contrato que firman los concursantes de Gran Hermano: tienen prohibido guardar parentesco con miembros de la productora o la cadena, y renuncian a derechos de imagen, de reproducción, de comunicación, y se obligan a la exclusividad con la productora y la cadena, y se obligan a no hablar de Gran Hermano durante todo un año y a estar siempre localizables telefónicamente, y se obligan a facilitar detalles de su biografía, familia y entorno y a no quejarse si el programa divulga esos detalles u otros que descubra, y se obligan a hacer publicidad gratis de lo que se les pida; y si causan daños a personas o cosas, y si dicen o hacen algo punible, eximen de toda responsabilidad a la productora y cadena. Y aceptan ser expulsados a voluntad por la productora si no gustan en pantalla, y sin compensación alguna… Total, que sólo firmaría algo así alguien muy desesperado por los 1.500 euros mensuales (esto es lo que vale un alma en la tele) o que tiene un concepto relajado de su libertad. O sea, millones de jóvenes sin más horizonte que un espejo y un televisor.

Víctor Amela, en La Vanguardia.

Las televisiones privadas -y muy especialmente los medios de Prisa- consideran inaceptable que TVE y las autonómicas hayan adquirido los derechos de la Champion League. Se niegan a admitir que las empresas públicas puedan asumir tareas no subsidiarias del sector privado. Rechazan que las corporaciones de las que los ciudadanos son propietarios puedan competir libremente con las demás.

La SER ya habla de nueva guerra del fútbol: si tal guerra existe habrá de ser entre varias empresas participadas por el conjunto de la ciudadanía y unos pocos conglomerados mediáticos que sólo -aunque legítimamente- responden ante sus escasos accionistas. Radio Televisión Española (RTVE), por primera vez en varios años, se resiste a ceder cuota de pantalla a los operadores privados, que ya habían hecho planes con la progresiva pero -hasta ahora- imparable transferencia de audiencia, publicidad e ingresos de RTVE.

Pero Prisa tiene además un problema ajeno a la cuota de mercado de los operadores públicos: Mediapro y los contenidos de pago. En tiempo de mudanzas, Sogecable pierde uno de sus principales activos. Y como Prisa siga intentando ganar la guerra haciendo uso del peor periodismo corporativo perderá el último que le queda: su credibilidad.

Vean lo que acabo de encontrar en la web del Ayuntamiento de Fuengirola, gobernado por el Partido Popular. ¿No les parece brillante la idea de emplear fondos públicos para alterar los resultados de un concurso de televisión?

Hay demandas que honran tanto a los demandados como deshonran a los demandantes. Público ya acumula dos: antes de la AVT fue la SGAE.

Celebro el ímpetu laicista de unos y el entusiasmo republicano de otros, pero sólo tengo un par de amigos que llegan a fin de mes, no conozco a nadie que pueda acceder a una vivienda sin hipotecar a sus propios hijos -aún sin concebir- y asisto cada día a la progresiva pero imparable destrucción de los derechos laborales y sociales y de los servicios públicos fundamentales.

¿Cómo es posible que los trabajadores pasen de los miembros y miembras de la izquierda plural, feminista, alternativa, ecologista, plurinacional, progresista, transformadora y republicana? No me lo explico.

En la calle de Rajoy no se habla de laicidad, ni de aborto, ni de buena muerte, ni de inmigrantes, ni mucho menos de que voten, ¡por favor, faltaría más!

Y tiene razón. En las calles del barrio de Salamanca no se habla de estas cosas. Sus habitantes están tan contentos pasando con sus leales esposas bajo el palio de los obispos mientras la querida aguarda. De buena muerte o eutanasia, ni hablar. Siempre se puede arreglar con un médico amigo. Por supuesto, nada de que los inmigrantes legales puedan votar, no se nos vaya a desmandar la parroquia y perdamos algún ayuntamiento o alguna comunidad autónoma que tan bien cuidadas nos tiene las buenas calles deterioran y debilitan la sanidad o la educación públicas. Puro estilo Esperanza Aguirre, siempre aclamada por las señoronas de los collares que tanto le gustaban a Pilar Franco.

Sigue en el blog de Juan Varela