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¿A quién se le ocurre someter a referéndum el Tratado de Lisboa? Miren que se advirtió sobre los riesgos de la democracia. El “no” a la Constitución europea por parte de un par de países inmaduros (uno de ellos Francia) debía haber puesto sobre aviso a los políticos y habernos evitado a todos el bochornoso trance de ver cómo se pasaba por las urnas nuestro futuro. Los gobiernos responsables nos liberaron de esa incómoda carga de decisión aprobando el Tratado de Lisboa (la misma constitución rechazada meses atrás, pero travestida) por vía parlamentaria. Sin embargo, Irlanda no podía. Y los irlandeses, un tanto obtusos por naturaleza, han votado mal.

El diario El País lo tiene muy claro:

Otra de las opciones, quizá más viable, es que Irlanda repita la votación en unos meses, tiempo en el que el Gobierno de Brian Cowen tendría que hacer una extensa labor pedagógica para que sus ciudadanos den su visto bueno a un texto que hoy por hoy no entienden.

El problema, ya vemos, es que los irlandeses no saben leer y mucho menos votar. ¡Qué capacidad de análisis! ¿Eso es todo lo que tienen que decir los popes de la construcción europea? Tal vez el problema sea otro. Íñigo Sáenz de Ugarte menciona iniciativas inasumibles por los ciudadanos como la semanal laboral de 65 horas (un recién nacido que, no obstante, tiene un precedente muy directo en la directiva Bolkestein) y los mecanismos radicalmente antidemocráticos que rigen la Unión Europea y que impiden un control efectivo sobre sus instituciones. Las razones de los irlandeses, en todo caso, son complejas y resulta de un simplismo atroz atribuir la derrota del Tratado a la demagogia de la extrema izquierda y de la extrema derecha, como ya se están apresurando a hacer algunos dirigentes políticos.

De todas las reacciones oficiales que he leído, sólo me parece algo atinada la de Joe Higgings, líder del Partido Socialista irlandés:

El resultado no es desastroso, como nos quieren hacer creer. De hecho, podría servir para unir a los trabajadores europeos que sufren las políticas neoliberales de la Unión Europea en términos de privatización de servicios, ataques a sus pensiones y al concepto de un trabajo y salario dignos.

No conviene olvidar que el grueso de la oposición a la Constitución europea y al Tratado de Lisboa no procedía ni procede de posturas antieuropeas, sino de planteamientos firmemente europeístas pero ajenos al modelo neoliberal que se intenta imponer desde Bruselas.